El gobierno venezolano está desarrollando un plan para privatizar entre 500 y 600 empresas públicas, con 350 ya listas para ser transferidas a inversionistas, principalmente nacionales. Estas transferencias se llevarán a cabo mediante ventas directas o alianzas con capital privado, confirmó Luigi Pisella, presidente de Conindustria.
El presidente Nicolás Maduro expresó su interés en priorizar al inversor privado local en estos proyectos. «El presidente me dijo que la prioridad era conseguir inversionistas venezolanos», relató Pisella, quien también fue informado sobre un proyecto de expansión en la Siderúrgica de Guayana para incrementar la producción de acero.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez añadió que el Estado busca involucrar a inversionistas nacionales en la producción de petróleo y gas, lo cual implica un cambio significativo en la política económica del país.
Pisella aclaró que la gestión de estas empresas privatizadas será completamente privada, diferenciándose de otros modelos de inversión extranjera. «Son los socios particulares los que gestionarán integralmente estas compañías», especificó, destacando que esta es una decisión local.
La efectividad de este plan depende de la flexibilización de las sanciones internacionales, según Pisella. «Para que este proceso funcione, es crucial que las sanciones no limiten las operaciones con participación del Ejecutivo», concluyó, subrayando la necesidad de un entorno económico más favorable para la recuperación y crecimiento de Venezuela.
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